Opinion

 

Libertad, pero, ¿a que costo?

Resulta extraño y repugnante el comportamiento de algunos hombres que, irónicamente, dirigen sus acciones en contra de sus semejantes, de manera premeditada y deliberada, con completa falta de empatía y de respeto por la existencia de los demás.

Resulta aún más extraño que lo hagan a sabiendas de que miles están sufriendo y muriendo y, además, bajo pronósticos matemáticos que implican, con exactitud probabilística, la muerte de muchos más.
Es desalentador, ilógico, irracional y, sin embargo, lo hacen. Dice el manual DSM-5 de la American Psychiatric Association, que el Trastorno de la Personalidad Antisocial consiste justo en eso: se trata de individuos que actúan bajo un marco de “incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales”, de “ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien” y de maquinaciones o engaños para obtener “provecho o placer personal”.

Nos referimos de esta manera a aquellos pseudo-empresarios, mejor conocidos como auténticos Criminales, que en Holanda y en otros países de Europa, han comenzado la comercialización de kits para COVID-19. No se trata de kits curativos o de tratamiento de la enfermedad, sino de kits cuyo único propósito es lograr el contagio con el COVID-19. Contienen instrucciones detalladas, un frasco con una sustancia contaminada y hasta una prueba de antígenos para que el desafortunado o inadaptado que lo utilice, logre, en efecto, infectarse con el virus. Prometen enviar una “segunda dosis” si no basta para contagiarse con la primera.

Suena absolutamente demencial, pero hasta este punto hemos llegado con tal de obtener permisos para asistir a actividades públicas, pagando 33,5 euros para contagiarse del peligroso virus. Este es el camino que han seguido cientos de jóvenes neerlandeses, bajo el lema “Sí, quiero la corona”. Los sociópatas (vendedores), además se atrevieron a publicar en la página web de ventas del patógeno lo siguiente: “el virus que usted recibe no tiene más de tres meses, por lo que puede estar seguro de que también contiene las últimas mutaciones y variantes”.

Valga la pena aclarar que, científicamente, aún no existe una “cura” para el coronavirus, ni una vacuna o pastilla que impida el contagio. Por lo tanto, los vendedores de coronavirus, que infectan adrede a jóvenes incautos, no solamente ponen en peligro la vida de sus “clientes” sino que, además, son los directos causantes de focos de infección, que pueden transmitirse fácilmente a los padres y abuelos de estos jóvenes, al igual que a su círculo académico y de amistades, generado, de esta manera, verdaderos focos de contagio infeccioso. Todo lo anterior, bajo la imposibilidad de saber las consecuencias del “producto” ni para la salud de los compradores -muchos de los cuales pueden, literalmente, morir- ni tampoco para la salud general de la población, debido a que con esas “nuevas variantes” que pretenden comercializar, el nivel de contagio bien puede ser mayor que con las variantes tradicionales que ya llevan meses circulando, pero que ya han sido desplazadas por estas nuevas cepas, mucho más infecciosas e, incluso, más letales. El rol de las autoridades policiales y judiciales frente a este fenómeno debe ser implacable: tanto compradores como vendedores no solamente arriesgan sus propios destinos, sino el de familias y comunidades enteras. Según ellos, la vida ha de ceder ante un sentido de libertad distorsionada y vil, que se traduce en maximizar el placer o beneficio propio (obtener lucro, poder salir a eventos públicos), en detrimento de la salud y de la vida de los demás seres humanos que los rodean. Este modus operandi, tan violento como egoísta, debe ser erradicado mediante la imposición de sanciones judiciales drásticas a ambos grupos, y mediante la identificación ágil de las cabezas del tráfico. En últimas, tal como bien lo señaló el famoso Albert Einstein: “Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”.

Abogado Penalista en la firma Mario Iguarán Abogados Asociados. Egresado de la Universidad de Los Andes y del Center for Transnational Legal Studies de la Universidad de Georgetown