“Con la victoria de Gustavo Petro al menos en primera vuelta y a la vuelta de la esquina, muchos empresarios colombianos, sobre todo aquellos involucrados en negocios inmobiliarios, han tenido una polémica idea para proteger sus capitales”.

Desde que se estaba gestando la victoria de Pedro Castillo, los capitalistas peruanos llevaron fortunas enteras fuera de los limites territoriales de la república. Esta migración de flujos hacia el extranjero, y la concomitante venta de la propiedad de raíz, surgieron como efecto de las políticas que, viento en popa, promulgaba el líder sindical.

De modo similar, con la victoria de Gustavo Petro al menos en primera vuelta y a la vuelta de la esquina, muchos empresarios colombianos, sobre todo aquellos involucrados en negocios inmobiliarios, han tenido una polémica idea para proteger sus capitales. Se trata de la llamada “cláusula Petro”, que se inserta en los contratos y que señala, nada mas ni nada menos, que una condición resolutoria para el negocio: si Petro gana, entonces el negocio se resuelve, volviendo las cosas a su estado anterior, como si nada hubiera ocurrido, porque según ellos no existiría suficiente seguridad jurídica para el desarrollo del negocio bajo un mandato petrista.

Si bien en principio no es presentable que un empresario se ponga de acuerdo con otro para gestar un negocio, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario, pactado largo plazo y se estime que de llegar Petro a la presidencia, lo mas factible es que esto traiga como consecuencia la caída del precio del proyecto, la caída de las ventas, la no llegada al punto de equilibrio, si bien ello podría ser infundado, lo que si ese cierto es que de acuerdo con el ordenamiento civil y constitucional colombiano, estas clausulas son plenamente legales y válidas. Responden, precisamente, a la autonomía de la propiedad privada.